
Luis Guillermo Vélez Álvarez*
El 1 de junio de 2018, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales expidió la Resolución 820 mediante la cual impuso una medida preventiva consistente en la suspensión de las actividades y obras tendientes a la puesta en operación de la Central Hidroeléctrica Ituango. Solo podían continuarse las actividades y obras necesarias para superar la contingencia. Para levantar la medida, la ANLA exigió la contratación de un peritaje sobre la estabilidad de las obras principales del proyecto. Ese es el origen y el propósito del Informe Pöyry, divulgado recientemente y que, al parecer, se quería mantener oculto.








