Categoría: Opinión

Tomás Castrillón Oberndorfer           

Recientemente, en la convención de Asobancaria desarrollada en la ciudad de Cartagena, hubo dos intervenciones muy destacadas de dos prestantes damas de la dirigencia colombiana, que se refirieron al RESPETO entendido este como: “La Consideración y valoración especial o positiva ante alguien o algo”. Claramente, la falta de RESPETO es el IRRESPETO. Dichas manifestaciones merecen un análisis más profundo ante las circunstancias actuales en que se desenvuelve el acontecer nacional.

Camilo Guzman                       

En un país hiper politizado y con un altísimo grado de polarización como Colombia, se ha vuelto muy normal que los políticos sean quienes más ocupen la agenda pública y los titulares en los medios de comunicación. No importa si lo que dicen es inteligente o no, si hace sentido, o peor aún si es verdad o mentira, lo que dicen entra en la agenda. Los empresarios, por exceso de prudencia y falta de valentía para defender lo que hacen, escasamente influyen en la agenda pública del país.

Ingrid Betancourt Pulecio*              

“Petro:

Rafael Rodríguez-Jaraba*                    

No siendo poco el pernicioso y disparatado sainete seudo jurídico, montado por Álvaro Leyva y Eduardo Montealegre -desvergonzados corifeos de Petro-, para intentar convertir, contra toda razón lógica y legal, una declaración política consignada en el espurio Acuerdo de La Habana, en un tratado internacional y, peor aún, con ello pretender hacer de esa declaración un mandato para que el Gobierno convoque a una Asamblea Nacional Constituyente; ahora Petro, sin el menor asomo de cordura y haciendo gala de su ocurrente torpeza y dislocada imaginación, propuso en el acto de clausura de la Convención de Asobancaria, lo que a ninguna mente sensata se le ocurriría, como es que, los recursos que capten los establecimiento de crédito y que estén destinados a atender las llamadas inversiones forzosas que estas instituciones financieras deben hacer, sean entregados al Gobierno para que los administre y los coloque mediante créditos en el mercado de acuerdo a su criterio, teniendo como respaldo las arcas del Estado, es decir, el dinero de los colombianos.