
Rafael Nieto Loaiza
La decisión de la Corte Suprema de ordenar la captura de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, por “aceptar indebidamente dineros públicos de la UNGRD, para impulsar o no oponerse al trámite de las reformas [del gobierno en el Congreso]” es la confirmación por parte del más alto tribunal de lo que ya se sabía: que ministros y otros altos funcionarios de Presidencia ordenaron usar dineros del Estado para comprar a los congresistas, que para eso se saqueó la UNGRD y que el objetivo fue facilitar el trámite de los proyectos gubernamentales en el Parlamento.







