
Jesús Vallejo Mejía
Hay que aceptar que Gustavo Petro ganó la elección presidencial en buena ley. Si hubo fraude, la compra de dos millones de votos que denunció Ingrid Betancur o se presionó indebidamente a los electores en las zonas cocaleras, carecemos de elementos de juicio para dilucidarlo. En consecuencia, salvo que los escrutinios finales arrojen alguna sorpresa, siguiendo los cánones democráticos Petro tiene derecho de poner en ejecución su programa de gobierno y ejercer sus funciones con la gente que decida. Empero, hay también el derecho de exigirle que actúe de conformidad con el marco institucional y respete los compromisos adquiridos con la comunidad.